Sobre el punto, es propicio mencionar que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social mediante nota Nº 0337/2020 del 11 de marzo del 2020, alertó al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), sobre la necesidad de no autorizar la habilitación de carreras de Medicina ofertadas por instituciones formadoras a nivel país por la existencia actual de 43 (cuarenta y tres) facultades de Medicina. El motivo obedece a que, en la actualidad, los servicios para campos de práctica de estudiantes por cada Región Sanitaria, se hallan excedidos en cuanto a capacidad de los servicios, sobrepasando la capacidad de recepción de estudiantes lo cual va en detrimento de la formación de los futuros profesionales de la salud.
En ese sentido, este documento, presentado por los senadores Blanca Ovelar, Esperanza Martínez, Enrique Riera, Hermelinda Ortega y Ramón Retamozo, responde al objetivo de dar respuesta a la actual situación planteada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social lo que, a su vez, conmina a este cuerpo legislativo a cumplir con los deberes y atribuciones establecidos en la Constitución Nacional.
Al respecto, la senadora Blanca Ovelar, por la Comisión de Cultura, solicitó a sus colegas el acompañamiento en este documento; agregó que existen personas sin formación absoluta que poseen títulos de médicos. “Es necesaria la humanidad para esta profesión y deseo que ningún familiar de ustedes caiga en manos de improvisados que no tienen formación”, subrayó.
En otro momento, la senadora Esperanza Martínez, agregó que, al contrastar los criterios de calidad establecidos por la agencia y los informes de evaluación con fines de acreditación, sobre todo en las zonas de frontera, dichos criterios están lejos de ser cumplidos. Asimismo, mencionó que no serán suspendidas todas las universidades, sino las que no están regidas por el plan de aprendizaje.
Por su parte, el senador Rubén Velázquez en su intervención recalcó que es necesario aprobar este documento, ya que de esta manera se podrá evitar que otros jóvenes estudiantes sean estafados por universidades sin acreditación.
El senador Rafael Filizzola, dijo que la educación superior debe ser de calidad y su autonomía tiene que vincularse con que la misma cumpla con sus fines; se deben generar conocimientos para luego exponerlos en el campo laboral, por ello es necesario poner un fin a las universidades que no están habilitadas.
En uso de la palabra, la senadora Yolanda Paredes, mencionó que esto forma parte de un trabajo estructural del sistema de salud pública, que fue invadido por profesionales mediocres. Lamentó que actualmente la vida de los ciudadanos esté en manos de una deficiente educación.
Por su parte, el senador Ever Villalba, mencionó que las medidas que se deben tomar son necesarias para revisar el sistema de educación y el modelo de evaluación, el cual debe estar sujeto a un paradigma de procesos analíticos, que puedan ser parte de la resolución del problema
Los senadores Mario Varela y Colym Soroka, junto a la senadora Norma Aquino, estuvieron de acuerdo en que esta cuestión no es meramente académica, sino que también se trata de proteger la vida de las personas, quienes serán tratadas por estos profesionales sin formación, por ello solicitaron el acompañamiento de este documento.
Por su parte el senador Gustavo Leite, insistió en que el CONES y la ANEAES, tienen que ser responsables al momento de habilitar y acreditar una carrera, demostrando seriedad en los aspectos de cada área. En ese sentido, propuso que se realicen más estudios en referencia al documento y que el mismo vuelva a ser analizado en comisiones. La moción no prosperó.
El senador Líder Amarilla, por su parte, manifestó su desacuerdo en la suspensión de las carreras de medicina, teniendo en cuenta que eso correspondería a una inconstitucionalidad, mencionó que deben existir mejores controles en cuanto a la educación universitaria, pero no suspenderlas.
También, el senador Basilio Núñez, expresó que es necesario tratar el problema de fondo, y mencionó que la solución no es la suspensión, sino el estudio de las aristas que mejoren la calidad de la educación en el país.
Por su parte, el senador Javier Zacarías Irún, mocionó el rechazo del presente documento, atendiendo a que es un acto inconstitucional.
El Pleno del Senado rechazó el documento y lo remitió al archivo.
(Fuente: HCS)
