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Concejal reconoce que falta voluntad política para solucionar problema de animales sueltos

En opinión del concejal municipal de Concepción, Silvio Ayala, la solución del problema de animales sueltos en la ciudad pasa por la aplicación de las leyes vigentes, que son bastante claras sobre la cuestión. El edil reconoció que en Concepción no se avanzó en el tema y señaló al ejecutivo como principal responsable de aplicar las normativas.

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El concejal municipal de Concepción, Silvio Ayala (ANR), indicó que, si bien, la ordenanza referida a los animales sueltos en los espacios públicos está desfasada, existen leyes que son muy claras para solucionar el problema. En este sentido, mencionó la ley 1880, del año 2002, que reglamenta la permanencia o tránsito de animales sueltos y la ley 5016, general de tránsito.

Según Ayala, ambas normativas establecen una «sanción bastante estricta», que dispone el sacrificio de los animales sueltos y que deja a cargo de las Municipalidades su aplicación.

El edil remarcó que dichas leyes son bastante claras incluso en el procedimiento a ser realizado posterior al sacrificio de los animales.

La ley 1880, en su artículo 4º establece que «Los animales sueltos que se encuentren en ámbitos de tránsito público en infracción a esta ley, serán decomisados y sacrificados en el acto por la autoridad municipal o la Policía Nacional. Se labrará acta del procedimiento, dejándose constancia de las circunstancias del caso, con indicación, si fuese posible, de la marca o señal del animal sacrificado.  Copia del acta se entregará dentro de un día, al juzgado de paz más cercano».

Los artículos subsiguientes establecen que el animal sacrificado será puesto a la venta y con lo obtenido de la transacción se pagarán los costos del procedimiento, entregando el resto del dinero a quien acredite ser el propietario.

La ley 5016, general de tránsito, en su artículo 42º reza: «Prohíbase la presencia de animales sueltos en la vía pública. A los efectos de esta Ley, entiéndase por animales sueltos a los vacunos, equinos, caprinos, ovinos y porcinos que deambulen libremente, sin ser guiados por sus responsables o no se encuentren correctamente amarrados. Los animales sueltos que se encuentren en la vía pública en infracción a esta Ley, serán decomisados y sacrificados por la autoridad municipal o la Patrulla Caminera, según el caso. Se labrará acta del procedimiento, dejándose constancia de las circunstancias del caso, con indicación, si fuese posible, de la marca o señal del animal sacrificado. Copia del acta se entregará al Juzgado de Paz más cercano, dentro de las veinticuatro horas de su implementación, quien dispondrá su archivamiento.   La autoridad municipal intimará por veinticuatro horas al propietario del animal sacrificado de marca o señal registrada, a fin de que presente la documentación que acredite la salubridad del mismo, de manera a proceder al remate del animal sacrificado, bajo pena de que en caso de no hacerlo así, los restos del mismo serán incinerados y los costos cobrados a su propietario. El derecho de impugnar o accionar judicialmente por supuestas irregularidades del procedimiento, prescribirá de pleno derecho a los 3 (tres) días subsiguientes de la notificación del propietario o de la recepción del acta por el Juzgado de Paz en los casos en que el propietario no pueda ser identificado. Si el animal no posee marca o señal registrada, deberá ser sacrificado e incinerado inmediatamente. La autoridad municipal conservará el pellejo del ganado vacuno y equino, durante 3 (tres) días como elemento probatorio de la realización del sacrificio. Del precio obtenido por la venta del animal sacrificado de marca o señal registrada, se descontarán los gastos efectuados en el procedimiento, y el saldo será retirado dentro de 3 (tres) días, por quien acredite ser su propietario o, en su defecto, será destinado a la entidad de servicio social o de bien público, ubicada dentro del ejido de la Municipalidad en cuyo ámbito se hubiese sacrificado el animal, entidad que será designada por el ejecutivo municipal. Todo lo relacionado a la responsabilidad civil y a las indemnizaciones, se regirá por las disposiciones del Código Civil».

Tras referirse al marco normativo establecido, Silvio Ayala reconoció que el inconveniente de Concepción es la falta de voluntad política para aplicar las leyes, lo que corresponde al ejecutivo municipal.