Inicio Locales Intendente y Junta Municipal sufren revés en juicios de amparo

Intendente y Junta Municipal sufren revés en juicios de amparo

En ambos recursos de urgencia presentados por el comunicador Germán Rojas, las Juezas fallaron a favor de este. Los amparos fueron solicitados en el marco de la Ley 5282/14 de Transparencia.

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Las Juezas, de la niñez y la adolescencia, Laura Villalba Cardozo y del Juzgado Penal de Garantías, Hilda Benítez Vallejo, dieron curso favorable a las acciones de Amparo Constitucional de Acceso a la Información, planteados por Rojas. La primera de las magistradas dio trámite al recurso contra la Municipalidad y la segunda a la acción contra la Junta Municipal.

Villalba ordenó al intendente Alejandro Tati Urbieta la entrega al peticionante en el plazo de 5 días de todos los documentos solicitados por el mismo y que no tuvieron respuesta de la Comuna. Dichos documentos guardan relación entre otras cosas con el proceso de venta del Puerto Municipal, la deuda con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, venta de algunos inmuebles y otros.

Por su parte, La jueza Benítez Vallejo ordenó a la Junta Municipal, la entrega al accionante, en el plazo de 5 días hábiles, de copias de todas las actas del cuerpo colegiado, de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y de enero a octubre de 2018.

Una diferencia entre ambas sentencias es que la Jueza Villalba impone las costas del juicio a la parte perdedora, mientras que Benítez Vallejo exime del pago a la Junta Municipal. Las resoluciones son de cumplimiento obligatorio, de lo contrario, tanto la Junta como el intendente se exponen a ser procesados por desacato en el marco de la Ley 4711.

La Ley Nº 4711 castiga el desacato de una orden judicial y en su artículo 1º determina que “El que incumpliere una orden escrita dictada en legal forma por una autoridad judicial competente, será castigado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años o multa. Si el autor cometiere el hecho, mediando apercibimiento escrito y previo de la autoridad judicial correspondiente o fuere un funcionario público, en los términos del Artículo 14, numeral 14 del Código Penal, la pena podrá ser elevada hasta cinco años. En los casos del párrafo anterior o cuando el mismo facilitare o posibilitare la comisión de otros hechos punibles, la pena privativa de la libertad también será de hasta cinco años y no será sustituible por la multa. La autoridad judicial, cuya resolución hubiere sido incumplida informará el hecho al fiscal penal de turno, para que este impulse el procedimiento respectivo bajo el presupuesto de la flagrancia“.