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Caso vertedero de Concepción: aparece documento sobre sanción y reglas, impuestas a intendente

Alejandro Tati Urbieta había admitido los hechos punibles que se le adjudicaban y fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento. El pedido de dicha salida jurídica fue planteado por el mismo fiscal de la causa.

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A pesar de que el tema se manejó con absoluto hermetismo, tanto por parte del Juzgado, como el mismo agente fiscal responsable de la investigación, finalmente ha visto la luz pública la resolución tomada en diciembre pasado en relación al caso vertedero municipal de Concepción.

Si bien, una de las sanciones impuestas al intendente Alejandro Tati Urbieta, que consistía en la donación de 30 millones de guaraníes a algunas instituciones de beneficencia, era conocida como trascendido, más detalles sobre la “salida” jurídica estaban siendo mantenidos en secreto.

Según el Auto Interlocutorio Nº 456 del 1 de diciembre de 2017, emanado del Juzgado Penal de Garantías del 4º Turno, a cargo de la Jueza Honorina Acosta, el fiscal Alberto Torres solicitó en audiencia una Suspensión Condicional del Procedimiento, para evitar llegar a juicio oral, considerando que el intendente admitió haber cometido los hechos punibles de los cuáles se lo acusaba.

El mencionado agente del Ministerio Público es de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente del departamento de San Pedro y estaba interinando la causa, a raíz de la recusación en contra de Carlomagno Alvarenga. Llamativamente, Torres nunca quiso brindar declaraciones a la prensa en relación a sus investigaciones sobre el caso.

De acuerdo a lo resuelto por la Jueza, Urbieta debía entregar en donación a instituciones de beneficencia, la suma total de 30 millones de guaraníes, en un plazo que vencía el 22 de diciembre de 2017. Las entidades que figuran en el documento son: Comedor de Niños Aníbal Maricevich, Comedor Juan Diego, Guardería Mita Saraki, Fundación Luz y Esperanza, que debían recibir 5 millones de guaraníes cada una y la Parroquia Virgen del Carmen, 10 millones de guaraníes.

La suspensión a prueba del proceso es por el término de un año, que se cumple en el mes de diciembre próximo y durante ese periodo también le fueron impuestas a Tati Urbieta algunas reglas de conducta, como ser: comparescencia semestral ante el Juzgado, prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial, prohibición de portar cualquier tipo de arma y prohibición de consumir bebidas alcohólicas y cualquier sustancia dañina a la salud.

Todas las medidas fueron establecidas bajo apercibimiento de lo previsto en el artículo 23 del Código Procesal Penal, que reza: “Si el imputado se aparta considerablemente y en forma injustificada de las reglas impuestas o comete un hecho punible, se revocará la suspensión y el procedimiento continuará su curso. En el primer caso, el juez podrá ampliar el plazo de prueba hasta cinco años”.

La causa

El intendente municipal de Concepción, Alejandro Tati Urbieta había sido denunciado por los hechos punibles de Procesamiento Ilícito de Desechos y Transgresión a la Ley 716/96, que sanciona delitos contra el Medio Ambiente. Dicha denuncia fue realizada por vecinos del vertedero de basuras municipal, a raíz del lamentable estado en que se encontraba el lugar.