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Caso desacato: Tati Urbieta sufre revés en Cámara de Apelaciones y tendrá su 242

Lo resuelto por el Tribunal de alzada fue en el marco de un proceso por desacato a una orden judicial, que se le sigue al intendente de Concepción. La causa tuvo origen en la negativa de Urbieta a entregar copias de algunos documentos públicos, solicitados por la periodista Claudia Fischer.

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El rechazo del recurso planteado por Urbieta ante la Cámara ya se dio en el mes de febrero, pero una vez remitido al Juzgado, llamativamente la información se mantuvo en el hermetismo. Según fuentes del Juzgado, la Magistrada María Petrona De Giacomi ya fijó fecha para la audiencia 242 de imposición de medidas.

De acuerdo a las fuentes, el intendente sería citado para el día viernes 26 de abril a las 09:30 para la mencionada diligencia.

Por otro lado, el fiscal Carlomagno Alvarenga, quien es el responsable de la investigación, señaló ayer a la 660 AM que aun no fue notificado del rechazo. “Estuve averiguando si es que no hay algún tipo de novedades. Uno de los funcionarios me dijo: no tenemos nada”, significó.

La causa

La Jueza Penal de Garantías Gloria Torres, había dado lugar al Amparo de Acceso a la Información Pública, planteado por la periodista Claudia Carolina Fischer contra la Municipalidad de Concepción y ordenó a Urbieta, mediante una Sentencia Definitiva, la entrega de una serie de documentos solicitados por la comunicadora. Los papeles fueron facilitados dentro de un sobre lacrado, pero una vez analizado el contenido, la mujer de prensa recurrió nuevamente ante el Juzgado, denunciando el incumplimiento.

Según argumentó Fischer en su escrito, en vez del Expediente General Nº 1015, que había solicitado, le fue entregado el Expediente General Nº 2096/18, que supuestamente es una reconstitución del 1015. Dicho documento es el del proceso de venta del Puerto Municipal o Puerto Nanawa a la firma T.L.P. S.A.

La magistrada dio la Razón a la denunciante y remitió los antecedentes al Ministerio Público, ante la presunta comisión del hecho punible de Desacato a la orden Judicial. El fiscal Carlomagno Alvarenga imputó al jefe comunal, pero la audiencia de imposición de medidas no pudo realizarse por causa de una apelación, planteada por la defensa de Urbieta.

Lo que dice la Ley

La Ley Nº 4711, que castiga el desacato de una orden judicial, en su artículo 1º determina que “El que incumpliere una orden escrita dictada en legal forma por una autoridad judicial competente, será castigado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años o multa. Si el autor cometiere el hecho, mediando apercibimiento escrito y previo de la autoridad judicial correspondiente o fuere un funcionario público, en los términos del Artículo 14, numeral 14 del Código Penal, la pena podrá ser elevada hasta cinco años. En los casos del párrafo anterior o cuando el mismo facilitare o posibilitare la comisión de otros hechos punibles, la pena privativa de la libertad también será de hasta cinco años y no será sustituible por la multa. La autoridad judicial, cuya resolución hubiere sido incumplida informará el hecho al fiscal penal de turno, para que este impulse el procedimiento respectivo bajo el presupuesto de la flagrancia“.